El cardenal Medina ha aclarado que, cuando sostuvo que un muchacho de 17 años “sabe lo que está haciendo”, no tuvo intención de minimizar los graves abusos del sacerdote Karadima condenados por el Vaticano. Hay que recordar, en efecto, que la sentencia vaticana no sólo lo sancionó por abuso de menores, sino también por delito contra el sexto precepto del Decálogo (no fornicar) cometido con violencia y por abuso de ministerio (donde parece incluirse un ejercicio ilícito de la dirección espiritual y de la confesión).
En cualquier caso, extraña que hayan guardado significativo silencio personas e instituciones a las cuales la frase de Medina debería haber suscitado no sólo adhesión, sino aplauso.
No ha salido a defender la idea ninguno de los líderes del progresismo y de las organizaciones pro libertad sexual (por ejemplo, el Movilh) que públicamente han dicho que los adolescentes deben ser autónomos para decidir sobre su sexualidad. Estas personas y organizaciones apoyaron el requerimiento para que el Art. 365 del Código Penal fuera declarado inconstitucional, por el hecho de penalizar la sodomía consentida con menores de 18 años. Se alegó que para las relaciones homosexuales debía considerarse como edad suficiente la misma que la ley fija para las heterosexuales; es decir, 14 años. La mayoría del Tribunal rechazó el recurso (sentencia de 4 de enero de 2011), pero hubo tres connotados ministros (Viera-Gallo, Carmona y Vodanovic) que votaron a favor de los 14 años. Por cierto, el Movilh y el progresismo liberal lamentaron la decisión de la mayoría, aunque reivindicaron como conquista que el Tribunal excluyera del tipo penal las relaciones lésbicas, que serían lícitas a contar de los catorce.
Hay que agregar que la idea de la autonomía sexual de los adolescentes ha ido imponiéndose en otras esferas. La Ley de Fertilidad, Nº 20.418, propiciada con entusiasmo por el gobierno de Michelle Bachelet, dispuso expresamente que los jóvenes menores de edad pueden pedir que se les proporcionen anticonceptivos de emergencia (en lo que los parlamentarios entendieron incluir la píldora del día después) sin necesidad de autorización o consulta previa de sus padres. Más aún: noticias de prensa han informado que, con motivo del proyecto de ley de derecho de los pacientes, la Comisión de Salud del Senado pretende en estos días ampliar este criterio a todas las cuestiones relativas a la salud reproductiva de los muchachos y muchachas.
Por si lo anterior no bastase, existe también en el Congreso un proyecto de ley que propone derogar el Art. 365 del Código Penal, para permitir que los jóvenes menores de 18 puedan mantener relaciones homosexuales con personas mayores sin que estos sean criminalizados (Boletín 6685-07). El proyecto es patrocinado por un grupo de diputados, entre los que se encuentran figuras como Fulvio Rossi y María Antonieta Saa.
Sería sano para el debate público que estas personas e instituciones aclararan si siguen manteniendo la conveniencia de reducir la edad del consentimiento para opciones de vida sexual como las relaciones homosexuales. Si así fuera, deberían explicar por qué les escandaliza tanto que se afirme que un joven de 17 años, en este tipo de decisiones, sabe lo que hace.
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